El Gobierno prepara una nueva regulación que obligará a las principales operadoras de telecomunicaciones a reforzar la resiliencia energética de sus redes móviles mediante la instalación de sistemas de respaldo en miles de antenas repartidas por toda España.
La medida llega como respuesta al gran apagón eléctrico registrado el 28 de abril de 2025, un incidente que provocó la caída progresiva de las comunicaciones móviles y puso de manifiesto la vulnerabilidad de unas infraestructuras consideradas esenciales para la seguridad, la economía y el funcionamiento de los servicios públicos.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ultima un Real Decreto sobre seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas que exigirá a operadores como Telefónica, Orange, Vodafone y Digi disponer de sistemas de respaldo energético en las estaciones base que proporcionan cobertura al 75% de la población española.
La futura normativa establecerá que estas infraestructuras deberán contar con baterías u otros sistemas de almacenamiento capaces de garantizar al menos cuatro horas de funcionamiento en caso de interrupción del suministro eléctrico. El despliegue deberá completarse antes de finales de 2029 o principios de 2030, concediendo al sector un plazo aproximado de tres años para adaptar sus instalaciones.
La propuesta supone una flexibilización respecto a los planes iniciales del Ejecutivo. En una primera versión del proyecto, el objetivo era asegurar cobertura de respaldo para el 85% de la población, una exigencia que habría incrementado notablemente los costes para las compañías.
Tras las alegaciones presentadas por el sector, el umbral se ha reducido al 75%, lo que permitirá disminuir tanto el número de emplazamientos afectados como la inversión necesaria. Según estimaciones del sector, cada operador tendrá que instalar sistemas de almacenamiento en unas 10.700 torres de telecomunicaciones, frente a las cerca de 12.800 que habrían sido necesarias con el objetivo inicial.
La diferencia representa unas 2.100 infraestructuras menos por operador y una reducción aproximada del 16% en las inversiones previstas. Con este ajuste, el coste medio por red podría situarse en torno a los 60 millones de euros, sin incluir los gastos de mantenimiento, gestión y sustitución periódica de las baterías.
Más allá de las antenas móviles, el futuro Real Decreto forma parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar la seguridad de las comunicaciones electrónicas frente a situaciones de emergencia, desastres naturales o incidentes de ciberseguridad.
La normativa obligará a los operadores a desarrollar planes específicos de contingencia para responder a diferentes escenarios, incluidos apagones eléctricos, inundaciones, incendios, terremotos o ciberataques.
Además, establecerá distintos niveles de protección para las infraestructuras consideradas críticas. Las instalaciones catalogadas como esenciales de primer nivel deberán garantizar una autonomía mínima de 24 horas, mientras que las de nivel intermedio tendrán que asegurar 12 horas de funcionamiento. El resto de las infraestructuras deberán contar con una capacidad de respaldo mínima de cuatro horas.
El texto también contempla medidas para priorizar el restablecimiento del suministro eléctrico y el acceso a combustible en aquellas instalaciones consideradas estratégicas durante situaciones de emergencia.
El apagón de abril aceleró la tramitación de esta regulación después de que la pérdida de cobertura móvil dificultara las comunicaciones de millones de ciudadanos y aumentara la incertidumbre durante las horas más críticas de la incidencia.
La futura norma reforzará igualmente las obligaciones de información y coordinación con las administraciones públicas. Las operadoras deberán comunicar cualquier incidente significativo en un plazo máximo de una hora desde que tengan conocimiento del mismo.
Aunque las compañías de telecomunicaciones consideran que la responsabilidad principal de garantizar el suministro eléctrico corresponde al sector energético, reconocen que el nuevo marco regulatorio será clave para aumentar la resiliencia de servicios esenciales ante futuras emergencias.
La medida también pone de relieve el papel cada vez más estratégico de las baterías y los sistemas de almacenamiento energético en infraestructuras críticas. Más allá del sector eléctrico, estas tecnologías comienzan a consolidarse como herramientas fundamentales para garantizar la continuidad operativa de servicios esenciales como las telecomunicaciones, el transporte, la sanidad o la gestión de emergencias.
Con este plan, España busca fortalecer la seguridad de sus redes digitales y avanzar hacia un modelo más preparado para afrontar interrupciones energéticas, situando el almacenamiento energético como una pieza clave en la protección de infraestructuras críticas durante la próxima década.