La decisión sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz entra en su fase decisiva. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) prevé aprobar la próxima semana el dictamen técnico que marcará el siguiente paso en el proceso para determinar si la instalación podrá extender su vida operativa hasta el año 2030.
Una vez emitido este informe, será el Ministerio para la Transición Ecológica el encargado de decidir si autoriza o no la ampliación de la licencia de explotación solicitada por las empresas propietarias de la planta.
El CSN ultima el análisis técnico
Fuentes del sector señalan que los cinco consejeros del organismo regulador ya disponen del informe técnico definitivo y se encuentran revisando la documentación antes de emitir su resolución.
La solicitud presentada por las compañías propietarias de los dos reactores plantea prolongar la actividad de la central hasta junio de 2030, en línea con el periodo de diez años de licencia que contempla la normativa española para este tipo de autorizaciones.
Todo indica que el dictamen del organismo regulador será favorable, respaldado por los informes técnicos y los criterios de seguridad nuclear analizados durante el proceso.
Los argumentos que respaldan la continuidad
Entre los principales factores que sustentan una posible autorización destaca la experiencia internacional. Reactores gemelos de Almaraz que operan en Estados Unidos ya cuentan con permisos para funcionar durante 80 años, mientras que algunas instalaciones estudian extender ese horizonte incluso hasta un siglo de operación.
A ello se suma el precedente de la evaluación realizada por el propio CSN en 2020. En aquel momento, diversos análisis técnicos apuntaban a que la central reunía las condiciones necesarias para continuar operando hasta 2030, aunque la existencia del protocolo de cierre nuclear condicionó finalmente el calendario previsto.
Actualmente, el plan vigente establece el cese del primer reactor en octubre de 2027 y del segundo un año más tarde.
El Gobierno tendrá la decisión definitiva
Una vez que el CSN haga público su dictamen, el Ministerio para la Transición Ecológica dispondrá de un plazo aproximado de dos meses para resolver si concede la autorización definitiva.
Desde el Ejecutivo se ha reiterado en diversas ocasiones que cualquier posible prórroga deberá cumplir tres condiciones fundamentales:
- No provocar un incremento del coste de la electricidad para los consumidores.
- Contar con todas las garantías de seguridad avaladas por el CSN.
- Contribuir a mantener la seguridad del suministro eléctrico nacional.
Diversos expertos del sector energético sostienen que el cierre anticipado de Almaraz podría dificultar precisamente el cumplimiento de esos objetivos, al incrementar el uso de centrales de ciclo combinado y ejercer presión al alza sobre el precio de la electricidad, además de reducir la capacidad de generación firme del sistema.
Un calendario ajustado
Los plazos administrativos dejan poco margen para retrasos. Antes del 30 de octubre, las empresas propietarias deberán iniciar formalmente el procedimiento de cierre del reactor 1 si finalmente no se autoriza la extensión de su actividad.
Por este motivo, el CSN debe pronunciarse con suficiente antelación para permitir que el Gobierno adopte una decisión entre los meses de septiembre y octubre. Aunque algunos analistas no descartan que el dictamen pueda retrasarse hasta el último pleno previsto para julio, la resolución se espera en cuestión de días o, como máximo, de pocas semanas.
La decisión marcará el futuro de una de las centrales nucleares más relevantes del sistema eléctrico español y abrirá un nuevo capítulo en el debate sobre el papel de la energía nuclear dentro del proceso de transición energética.