El decreto de centros de datos enfrenta nuevas críticas de la Junta de Extremadura. El Gobierno autonómico reclama retirar el proyecto al considerar que sus exigencias energéticas pueden frenar inversiones y favorecer el traslado de proyectos a otros países europeos.
El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha explicado que la Junta ha analizado el borrador y presentado alegaciones. A su juicio, la propuesta contiene requisitos difíciles de cumplir y puede perjudicar tanto a nuevas instalaciones como a proyectos que ya han avanzado en su desarrollo.
Extremadura cuestiona las exigencias energéticas
Santamaría sitúa una de sus principales objeciones en la obligación de vincular el consumo de los centros de datos con nueva generación renovable.
El consejero cuestiona especialmente la correspondencia horaria: que el 80% de la electricidad consumida cada hora deba estar respaldado por generación durante ese mismo periodo. En su valoración, cubrir esa exigencia mediante fotovoltaica plantea dificultades durante las horas sin radiación solar.
La Junta califica estas condiciones de “prácticamente imposibles de cumplir” y sostiene que pueden comprometer inversiones estratégicas para la región. Esta afirmación expresa la posición del Gobierno autonómico sobre el borrador.
El Gobierno defiende nueva generación renovable
El Ejecutivo central plantea el decreto de centros de datos como una herramienta para ordenar el crecimiento del sector. Su objetivo es acompañar el aumento del consumo eléctrico con un despliegue proporcional de nueva generación renovable.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, una mayor demanda sin suficiente generación adicional podría elevar el uso de gas natural y los costes eléctricos para el conjunto de los consumidores.
La propuesta también incorpora requisitos de sostenibilidad ambiental, resiliencia y soberanía digital. Se trata de un proyecto normativo en tramitación, cuyo contenido puede cambiar antes de su aprobación.
La Junta advierte del riesgo de perder inversiones
Extremadura considera que unas condiciones más restrictivas pueden reducir el atractivo de España frente a otros destinos europeos. Santamaría ha advertido de que los inversores podrían optar por mercados con requisitos diferentes.
El consejero también ha señalado que el Ministerio habría recibido más de 500 alegaciones. Según su valoración, esa cifra refleja la preocupación de empresas y administraciones por los posibles efectos de la regulación.
La Junta defiende que los centros de datos representan una oportunidad para diversificar la economía extremeña. Santamaría sostiene que la región produce entre cinco y seis veces la electricidad que consume y busca aprovechar esa capacidad para impulsar actividades tecnológicas.
Preocupación por los proyectos ya tramitados
Otro punto de conflicto es el tratamiento de las instalaciones que ya cuentan con autorizaciones o han realizado inversiones.
La Junta advierte de que exigir nuevas condiciones a proyectos avanzados puede alterar las previsiones económicas con las que las empresas tomaron sus decisiones. Por ello, reclama que la regulación tenga en cuenta su situación administrativa y financiera.
Santamaría describe este riesgo como un cambio de las reglas con efectos retroactivos. Esa calificación corresponde a su valoración política y jurídica de la propuesta.
Por su parte, la documentación del Ministerio señala que los requisitos se aplicarán a los centros que se conecten después de la entrada en vigor del real decreto. La fecha de conexión resulta, por tanto, relevante para instalaciones autorizadas que todavía no estén conectadas.
Los centros de datos como impulso tecnológico
La Junta vincula la llegada de estas instalaciones con su estrategia de desarrollo digital. El consejero ha recordado iniciativas como los programas de Nómadas Digitales, los espacios de coworking y el Plan de Talento Digital.
Según los datos aportados por Santamaría, este último programa ha formado a más de 3.500 personas en capacidades avanzadas.
Extremadura reclama ahora un marco que permita atraer proyectos y dar seguridad a las inversiones. El debate sobre el decreto de centros de datos reúne así dos objetivos: desarrollar la infraestructura digital y gestionar su creciente demanda de electricidad.