Un tribunal federal de apelaciones determinó que el Departamento de Energía de Estados Unidos excedió sus competencias al obligar a mantener operativa la central de carbón J.H. Campbell, en Michigan.
El fallo cuestiona el uso de poderes de emergencia por parte de la Administración de Donald Trump, aunque la planta continuará funcionando temporalmente mientras su propietaria analiza la decisión judicial.
Tribunal anula la orden sobre la central J.H. Campbell
El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia anuló por unanimidad la orden que impidió el cierre de la central de carbón J.H. Campbell.
La instalación, propiedad de Consumers Energy, tiene una capacidad aproximada de 1.420 MW y llevaba 64 años en funcionamiento. Su retirada estaba prevista para el 31 de mayo de 2025.
El plan de cierre había recibido previamente la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de Michigan. MISO, el operador regional de la red eléctrica, también había determinado que la retirada no comprometía la fiabilidad del sistema.
Sin embargo, pocos días antes de la fecha prevista, el Departamento de Energía ordenó mantener la central disponible.
El Gobierno invocó poderes de emergencia
El Departamento de Energía utilizó la Sección 202(c) de la Ley Federal de Energía para impedir el cierre.
Esta disposición permite al Gobierno federal intervenir temporalmente cuando existe una guerra, una escasez repentina de electricidad u otra emergencia capaz de afectar la continuidad del suministro.
La Administración sostuvo que la central era necesaria para reducir el riesgo de apagones ante el crecimiento de la demanda eléctrica y la expansión de los centros de datos.
Después de la primera decisión, el Departamento de Energía renovó la medida mediante órdenes sucesivas de 90 días.
El tribunal descarta que existiera una emergencia real
El panel de tres jueces concluyó que la situación presentada por el Gobierno no cumplía los requisitos legales para activar la cláusula.
La jueza Cornelia Pillard, autora de la decisión, explicó que esta facultad constituye un mecanismo limitado y de última instancia. La mera posibilidad de que aparezca un déficit de suministro no sería suficiente para utilizarla.
La sentencia también recordó que las decisiones sobre la construcción, ampliación o cierre de centrales eléctricas corresponden tradicionalmente a los estados.
El fallo del Tribunal de Apelaciones determina que el Departamento de Energía excedió la autoridad concedida por la legislación federal.
La central no cerrará inmediatamente
La decisión judicial no implica el cierre automático de J.H. Campbell.
Consumers Energy informó que está revisando el fallo y que, mientras completa ese análisis, continuará cumpliendo la orden vigente del Departamento de Energía.
La última extensión obliga a mantener disponible la central hasta el 14 de noviembre de 2026.
La Administración todavía puede solicitar una nueva revisión ante el pleno del tribunal de apelaciones o acudir al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Un fallo con efectos sobre otras centrales
El caso de Michigan forma parte de una estrategia más amplia de la Administración Trump para retrasar la retirada de centrales térmicas.
El Departamento de Energía ha empleado poderes similares para mantener disponibles instalaciones de carbón o gas en Indiana, Colorado y el estado de Washington.
Algunos de estos casos enfrentan impugnaciones jurídicas parecidas. El fallo sobre J.H. Campbell puede influir en esos procesos porque establece límites sobre las condiciones necesarias para declarar una emergencia eléctrica.
No obstante, cada orden deberá analizarse según sus circunstancias, la situación regional de la red y las pruebas presentadas por el Gobierno.
Mantener la planta abierta elevó los costos
La continuidad de J.H. Campbell ha generado importantes gastos adicionales.
Según la Fiscalía General de Michigan, mantener la instalación operativa costó aproximadamente 295 millones de dólares entre mayo de 2025 y junio de 2026.
Consumers Energy podría solicitar que parte de esos costos se recupere mediante las tarifas pagadas por los consumidores de los estados atendidos por MISO. Los reguladores deberán determinar cómo se distribuye finalmente esa cantidad.
Organizaciones ambientales calculan cifras diferentes, cercanas a 259 millones de dólares, dependiendo del periodo y de los conceptos incluidos.
Impacto ambiental y sanitario
Los grupos que impugnaron la orden también denunciaron el impacto de prolongar el funcionamiento de una central antigua.
Environmental Defense Fund estima que la instalación emitió durante este periodo cantidades importantes de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas contaminantes.
Estas emisiones pueden afectar la calidad del aire y agravar enfermedades respiratorias entre las comunidades próximas. La planta se encuentra en West Olive, una localidad situada en el condado de Ottawa.
El Departamento de Energía sostiene, en cambio, que sus órdenes han reforzado la seguridad energética y contribuido a evitar interrupciones durante periodos de máxima demanda.
Un límite a los poderes energéticos de emergencia
La disputa no se limita al futuro de una sola central. El caso establece hasta dónde puede llegar el Gobierno federal para mantener activos recursos de generación que los propietarios y reguladores estatales habían decidido retirar.
El tribunal no determinó que una central de carbón nunca pueda mantenerse abierta mediante una orden de emergencia. Su conclusión fue que el Gobierno debe demostrar una emergencia concreta y cumplir estrictamente las condiciones establecidas por la ley.
La decisión final sobre J.H. Campbell dependerá ahora de los posibles recursos, de la vigencia de la última orden y de las actuaciones que adopte Consumers Energy.