La Justicia argentina ordenó suspender el avance del proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en aguas próximas a las Islas Malvinas. Sin embargo, la ejecución de la medida enfrenta importantes obstáculos jurídicos debido a que el archipiélago permanece bajo administración del Reino Unido.
Medida cautelar contra el proyecto Sea Lion
La jueza federal Mariel Borruto, con sede en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, dictó una medida cautelar que ordena a las dos petroleras abstenerse de comenzar, continuar o ejecutar las obras vinculadas con la explotación del yacimiento.
La decisión prohíbe expresamente:
- Perforar el lecho y el subsuelo marino.
- Instalar infraestructuras para extraer y transportar petróleo.
- Ejecutar obras terrestres o portuarias relacionadas con el proyecto.
- Avanzar con actividades que puedan generar daños ambientales.
La demanda fue presentada el 1 de septiembre por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata.
Las petroleras deberán entregar información
La magistrada también solicitó a Navitas y Rockhopper información detallada sobre el estado de Sea Lion.
Las compañías deberán presentar un cronograma actualizado, identificar a sus contratistas, entidades financieras y aseguradoras, y entregar los estudios ambientales realizados hasta el momento.
La reclamación sostiene que el proyecto no cuenta con la evaluación de impacto ambiental ni con la autorización que exige la legislación argentina para explotar recursos dentro de su plataforma continental.
Argentina vincula el caso con su reclamo de soberanía
Sea Lion está situado en la cuenca norte de las Malvinas, aproximadamente a 220 kilómetros del archipiélago. Argentina considera que esta área forma parte de su plataforma continental y que cualquier explotación petrolera requiere su autorización.
La demanda también sostiene que el desarrollo constituye una acción unilateral contraria a las resoluciones de Naciones Unidas relacionadas con la disputa de soberanía.
Argentina y Reino Unido mantienen posiciones opuestas sobre las islas desde hace décadas. El archipiélago está administrado por Londres, mientras que Buenos Aires reclama soberanía sobre el territorio y las aguas circundantes.
La orden enfrenta problemas de jurisdicción
Aunque la decisión tiene validez dentro del sistema judicial argentino, su aplicación directa sobre las operaciones resulta incierta.
Navitas y Rockhopper trabajan con licencias concedidas por el Gobierno de las Islas Malvinas. Las empresas sostienen que esas autorizaciones son legales y aseguran que las acciones judiciales argentinas no deberían afectar significativamente el desarrollo del proyecto.
Reino Unido también afirma que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación interna en el archipiélago. Por ese motivo, la cautelar puede aumentar la presión diplomática y financiera, pero no garantiza una paralización material de las obras.
Medios internacionales como AP también destacan que la falta de cooperación internacional dificulta la ejecución de la orden.
Argentina intensifica las acciones legales
La medida cautelar se suma a la denuncia penal presentada por el Gobierno argentino contra Navitas y Rockhopper.
La administración de Javier Milei también inició procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas. Además, prepara una legislación destinada a endurecer las penalizaciones contra compañías que participen directa o indirectamente en estas operaciones.
La ofensiva argentina podría alcanzar a proveedores, financiadores y aseguradoras relacionados con Sea Lion, aumentando los riesgos económicos y legales para el proyecto.
Un yacimiento estratégico en el Atlántico Sur
Navitas controla el 65% de Sea Lion, mientras que Rockhopper posee el 35% restante. La inversión estimada para su primera fase ronda los 2.200 millones de dólares.
El desarrollo inicial contempla recuperar aproximadamente 170 millones de barriles y alcanzar una producción máxima cercana a los 50.000 barriles diarios. El comienzo de la extracción está previsto para 2028.
Las compañías mantienen ese calendario y, por el momento, aseguran que la decisión argentina no modificará sus planes.
Sea Lion abre un nuevo frente diplomático
La resolución judicial eleva la presión sobre las empresas y convierte a Sea Lion en un nuevo punto de tensión entre Argentina y Reino Unido.
Su impacto inmediato será principalmente jurídico, político y financiero. La posibilidad de detener físicamente las operaciones dependerá de que Argentina consiga extender sus acciones sobre empresas, activos o proveedores situados dentro de jurisdicciones donde sus decisiones puedan ser reconocidas.