La Comisión Europea ha iniciado procedimientos de infracción contra los 27 Estados miembros por no haber comunicado la incorporación completa de las nuevas reglas europeas sobre emisiones industriales y ganaderas a sus legislaciones nacionales. El plazo para hacerlo venció el pasado 1 de julio.
El primer paso es una carta de emplazamiento dirigida a cada país. A partir de ahora, los gobiernos disponen de dos meses para responder a Bruselas, completar las medidas pendientes e informar de cómo han incorporado la directiva. La apertura del expediente no supone una multa inmediata: inicia un procedimiento en el que cada Estado puede explicar y corregir su situación. European Commission
Qué busca cambiar la normativa europea
La directiva revisada pretende reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo causada por grandes instalaciones industriales y explotaciones ganaderas intensivas. Para ello, actualiza el marco que utilizan las autoridades nacionales al conceder permisos y fijar las condiciones ambientales que deben cumplir las actividades afectadas.
Las nuevas reglas amplían el alcance de la normativa anterior y refuerzan la aplicación de las mejores técnicas disponibles para limitar las emisiones. También buscan mejorar el acceso público a la información y la protección de las personas afectadas por incumplimientos. Según la Comisión, el marco revisado abarca unas 75.000 instalaciones industriales y explotaciones ganaderas en la Unión Europea. Environment
Qué ocurre después de las cartas de emplazamiento
Si las respuestas de los gobiernos no resultan suficientes o siguen faltando medidas de incorporación, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado. Ese sería el siguiente paso formal antes de considerar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El expediente abierto a todos los países se refiere a la incorporación completa de la directiva, no a una conclusión de que cada fábrica o explotación ganadera europea esté incumpliendo sus límites de contaminación. La distinción importa: para aplicar las nuevas obligaciones de forma homogénea, primero deben quedar recogidas correctamente en las leyes de cada Estado.
Durante los próximos dos meses, Bruselas evaluará las comunicaciones nacionales. El avance de cada expediente dependerá de las medidas que presente el país correspondiente y de la valoración posterior de la Comisión.