La ciberseguridad fotovoltaica adquiere mayor importancia ante el crecimiento de la energía solar y la conexión de sus equipos a internet. Un grupo de expertos europeos recomienda reforzar los controles sobre los inversores y las plataformas digitales que permiten gestionar las instalaciones de forma remota.
El informe del grupo de trabajo de ciberseguridad del Grupo de Expertos en Energía Inteligente —SEEG— advierte que una intrusión capaz de alterar simultáneamente numerosos equipos podría afectar al equilibrio del sistema eléctrico. Entre las consecuencias potenciales figuran desequilibrios entre generación y consumo, sobrecargas y problemas de tensión.
El documento, publicado en su versión 1.1 el 1 de octubre de 2026, recoge el consenso de los especialistas participantes. Sus recomendaciones no representan necesariamente la posición oficial de la Comisión Europea.
El crecimiento solar aumenta la necesidad de protección
Según los datos recogidos en el informe, la capacidad fotovoltaica instalada en la Unión Europea pasó de 86 gigavatios —GW— en 2015 a 406 GW en 2025. Las previsiones de SolarPower Europe apuntan a que podría alcanzar los 718 GW en 2030.
Este crecimiento aumenta la importancia de proteger los sistemas de control. Los inversores convierten la electricidad generada por los paneles en corriente alterna utilizable por la red. Además, muchos permiten modificar parámetros y recibir actualizaciones mediante plataformas conectadas a internet.
La gestión centralizada facilita la operación, pero también puede ampliar el alcance de una intrusión. Esto no significa que todas las instalaciones sean vulnerables ni que se haya producido un ataque de esa magnitud.
Tres escenarios preocupan a los expertos
El análisis identifica tres escenarios de riesgo elevado: ataques contra las plataformas de los fabricantes, introducción deliberada de puertas traseras y accesos a grandes plantas mediante sistemas remotos o redes locales comprometidas.
Las plataformas compartidas concentran parte de la preocupación porque pueden conectar numerosos inversores. Si un atacante consiguiera controlar suficientes equipos, podría modificar su funcionamiento de manera coordinada.
Respecto a las puertas traseras introducidas deliberadamente por fabricantes, el informe precisa que no se han confirmado casos de este tipo en la práctica. Sin embargo, recomienda evaluar el riesgo de influencia estatal sobre los proveedores y las funciones críticas que gestionan.
Más controles para la ciberseguridad fotovoltaica
Los especialistas proponen documentar las comunicaciones de cada inversor y bloquear las conexiones no autorizadas. También recomiendan utilizar cortafuegos actualizados, comunicaciones cifradas y mecanismos sólidos de autenticación para los accesos remotos.
Otra prioridad es reforzar la detección de vulnerabilidades y establecer plazos de corrección según su gravedad. La formación de instaladores y mantenedores resulta igualmente necesaria para configurar los equipos y proteger las credenciales.
En instalaciones comerciales, industriales y de gran escala, el documento plantea que las actualizaciones del firmware sean revisadas y ejecutadas por profesionales cualificados. Para los sistemas residenciales, considera que las actualizaciones automáticas pueden seguir siendo necesarias para aplicar los parches de seguridad a tiempo.
Propuestas para reforzar la normativa europea
El informe identifica lagunas en el marco regulatorio y propone una norma armonizada de ciberseguridad específica para los inversores. También recomienda clasificarlos como productos importantes de clase II dentro del Reglamento de Ciberresiliencia, con el objetivo de reforzar la evaluación independiente de su seguridad.
Asimismo, plantea armonizar los umbrales de aplicación de las normas que protegen las instalaciones eléctricas y mejorar la coordinación entre autoridades.
Los expertos reconocen que estas medidas no eliminarían todos los riesgos. Por ello, recomiendan incorporar los escenarios de ciberataque fotovoltaico a la planificación del sistema eléctrico, para anticipar sus consecuencias y limitar cualquier impacto sobre la continuidad del suministro.