El Gobierno de España aprobó la asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2026-2030. La medida beneficiará a 664 instalaciones industriales incluidas en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea.
El acuerdo fue aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta de los ministerios de Industria y Turismo; Economía, Comercio y Empresa; y Transición Ecológica y Reto Demográfico.
La asignación alcanzará un promedio anual de 38,1 millones de derechos de emisión durante los próximos cinco años. Sin embargo, la cifra representa una disminución del 1,6% al comparar 2025 con 2026, primer año del nuevo periodo.
Aumentará el déficit de cobertura para la industria
La reducción elevará el déficit de cobertura de la industria, incluidas las plantas de cogeneración y otras instalaciones de combustión. Este indicador pasará del 20% registrado anteriormente al 21,3%.
La generación eléctrica continuará sin recibir derechos de emisión gratuitos, una condición vigente desde el 1 de enero de 2013. Según el Gobierno, la disminución de la cobertura responde al endurecimiento de los objetivos climáticos y a la necesidad de acelerar la reducción de emisiones contaminantes.
Los derechos gratuitos buscan evitar que los costes derivados del sistema europeo perjudiquen la competitividad de la industria. También pretenden reducir el riesgo de que las empresas trasladen su producción a países con regulaciones medioambientales menos exigentes.
Régimen especial para los pequeños emisores
Durante el periodo 2026-2030 también funcionarán dos regímenes destinados a instalaciones con bajas emisiones. Ambos contemplan obligaciones simplificadas para reducir la carga administrativa de las empresas y de las autoridades responsables.
Las instalaciones incluidas inicialmente en alguno de estos mecanismos de exclusión que solicitaron asignaciones gratuitas recibirán un total potencial de 3,3 millones de derechos durante el periodo.
No obstante, estos derechos solo se harán efectivos si las instalaciones superan los umbrales establecidos y deben regresar al régimen general de comercio de emisiones.
España reduce un 62% las emisiones reguladas
El sistema europeo de comercio de derechos de emisión constituye una de las principales herramientas climáticas de la Unión Europea. Su objetivo es fomentar la reducción de gases de efecto invernadero en la industria, la generación eléctrica, la aviación y el transporte marítimo.
Desde la entrada en funcionamiento del sistema en 2005, las emisiones de las actividades reguladas han disminuido un 62% en España, de acuerdo con los datos divulgados por el Gobierno.
El mecanismo obliga a las instalaciones a entregar un derecho por cada tonelada de dióxido de carbono equivalente emitida. Una parte de esos derechos se entrega gratuitamente, mientras que el resto debe adquirirse en el mercado.
Las reglas para calcular las asignaciones son comunes en toda la Unión Europea y buscan combinar la descarbonización con la protección de la competitividad industrial.
Bruselas prepara una nueva reforma del mercado de emisiones
La Comisión Europea presentó el pasado 17 de julio dos propuestas legislativas relacionadas con este sistema. La primera plantea reformar el comercio europeo de derechos de emisión para el periodo 2031-2040.
La segunda propone modificar determinados aspectos de las reglas de asignación gratuita, con posibles efectos sobre el periodo 2026-2030. Por tanto, las cantidades aprobadas podrían experimentar ajustes si finalmente cambian las normas europeas.
La revisión forma parte de la estrategia comunitaria para elevar los objetivos climáticos y acelerar la transformación de las industrias con mayores emisiones.