El Parlamento Europeo ha respaldado aplazar tres años determinadas obligaciones sobre emisiones de metano para los importadores de petróleo, gas natural y carbón. La posición fue aprobada el 22 de octubre en Estrasburgo con 341 votos a favor, 225 en contra y seis abstenciones.
Los eurodiputados proponen una prórroga mayor que la planteada por la Comisión Europea, que había solicitado un año adicional. El argumento es proteger el abastecimiento energético ante las tensiones del mercado y el encarecimiento de los combustibles.
El aplazamiento todavía no es definitivo: el Parlamento deberá negociar el texto con el Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros. europapress.es
Qué obligaciones sobre emisiones de metano cambiarían
La propuesta daría a los importadores hasta el 31 de mayo de 2031 para demostrar que determinados suministros están sujetos a sistemas de seguimiento, notificación y verificación equivalentes a los europeos.
Esta exigencia afectaría a los contratos de suministro firmados o renovados desde el 4 de agosto de 2024. El mismo calendario se aplicaría a la información sobre las medidas adoptadas para adaptar contratos anteriores.
Además, los primeros informes sobre la intensidad de metano de los combustibles comercializados se presentarían en agosto de 2031. Estos documentos permiten conocer las emisiones asociadas a su producción y suministro.
La prórroga también alcanzaría a operadores europeos
El texto parlamentario contempla ampliar tres años algunos plazos de los operadores de petróleo y gas establecidos en la UE.
En concreto, propone nuevas fechas para entregar informes verificados que combinen mediciones de cada fuente de emisión con las realizadas en el conjunto de las instalaciones: febrero de 2030 para las explotaciones gestionadas directamente y agosto de 2031 para aquellas sin ese control operativo.
Los combustibles de países sancionados quedarían excluidos
La Eurocámara plantea mantener el calendario vigente para los combustibles procedentes de países sometidos a sanciones europeas que restrinjan o prohíban estas importaciones.
La excepción incluiría tanto los envíos directos como los canalizados mediante terceros países. Para facilitar su seguimiento, las empresas tendrían que identificar por separado las cantidades de esos orígenes, incluso dentro de cargamentos mezclados.
El Parlamento también solicita una evaluación de la aplicación de la normativa antes del 1 de julio de 2029. Ese examen serviría para valorar dificultades de cumplimiento y posibles riesgos para la seguridad del suministro antes de plantear nuevas modificaciones.