El Gobierno de Aragón criticó que el Ejecutivo central todavía no haya remitido a las comunidades autónomas el borrador del decreto de centros de datos, una normativa destinada a regular la eficiencia energética y la sostenibilidad de estas instalaciones en España.
La consejera aragonesa de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, aseguró que el Gobierno regional no ha recibido información sobre el contenido del Real Decreto ni ha sido convocado para participar en su elaboración.
Valle adelantó que Aragón presentará las alegaciones que considere necesarias cuando pueda conocer el documento. A su juicio, las comunidades directamente afectadas deberían participar en una regulación que puede condicionar inversiones, empleo y nuevos proyectos tecnológicos.
Aragón cuestiona la tramitación urgente del decreto
La consejera recordó que una normativa anterior ya contemplaba desarrollar una legislación específica para garantizar la sostenibilidad energética y medioambiental de los centros de datos.
Sin embargo, aseguró que han transcurrido cinco meses sin avances visibles. Para Valle, la decisión de tramitar ahora el decreto de centros de datos por la vía de urgencia busca compensar el retraso acumulado por el Ejecutivo nacional.
El Gobierno aragonés también relacionó esta situación con las dificultades existentes para ampliar y modernizar la red eléctrica. La disponibilidad de capacidad se ha convertido en un factor determinante para autorizar nuevos centros de datos y otras inversiones con un elevado consumo energético.
La capacidad de la red eléctrica preocupa a las comunidades
Eva Valle acusó al Gobierno de no haber desarrollado una planificación capaz de garantizar suficientes puntos de acceso a la red. Según explicó, esa falta de previsión ha provocado una capacidad limitada que ahora deberá distribuirse entre diferentes proyectos.
Aragón teme que el nuevo decreto establezca criterios desconocidos para decidir qué empresas podrán acceder a esa infraestructura. La consejera reclamó transparencia para evitar decisiones discrecionales durante la asignación de una capacidad eléctrica que actualmente resulta insuficiente.
La comunidad se ha convertido en uno de los territorios españoles con mayor interés para la instalación de centros de datos. Su disponibilidad de suelo, posición geográfica y potencial renovable han atraído proyectos que necesitan un suministro eléctrico estable y abundante.
Inversiones y empleos podrían verse afectados
El Ejecutivo aragonés considera que una regulación desarrollada sin consultar a las comunidades podría poner en riesgo inversiones ya anunciadas o actualmente en estudio.
Valle advirtió que las consecuencias no se limitarían a Aragón. La falta de coordinación también podría afectar la competitividad de España frente a otros países europeos que buscan atraer infraestructuras digitales y proyectos vinculados con la inteligencia artificial.
Los centros de datos necesitan grandes cantidades de electricidad para operar sus servidores y sistemas de refrigeración. Por esa razón, el futuro decreto establecerá requisitos relacionados con el consumo eficiente, la utilización de energías renovables y la reducción del impacto ambiental.
Aragón pide que esos criterios se definan mediante el diálogo institucional y con suficiente seguridad jurídica para las empresas. El Gobierno regional espera recibir el borrador antes de decidir el contenido definitivo de sus alegaciones.