El consumo de los centros de datos centra las alegaciones de cinco organizaciones ecologistas al proyecto de Real Decreto del Gobierno. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el borrador resulta insuficiente para prevenir los impactos ambientales y sociales de estas instalaciones.
Las entidades han presentado sus propuestas junto con otros actores sociales durante el proceso de audiencia e información pública. Aunque valoran que el Ejecutivo avance en la regulación, reclaman mayores garantías antes de autorizar nuevos proyectos.
Límites al consumo de los centros de datos
Las organizaciones solicitan establecer límites máximos al uso de agua y electricidad. También piden evaluar el impacto acumulado de las instalaciones en cada territorio.
Su propuesta busca que las autoridades analicen conjuntamente la presión de los proyectos sobre los recursos disponibles. De este modo, la evaluación no quedaría limitada al efecto individual de cada centro.
Además, reclaman tener en cuenta las condiciones ambientales y sociales de las zonas receptoras, así como los riesgos presentes y futuros asociados al cambio climático.
Nueva demanda cubierta con energías renovables
Otra de sus peticiones es definir dónde y bajo qué condiciones pueden instalarse estas infraestructuras. Las entidades defienden que su nueva demanda eléctrica se cubra con generación 100% renovable.
Según su planteamiento, ese abastecimiento no debe desplazar la energía necesaria para descarbonizar otras actividades. Tampoco debería aumentar la presión sobre los territorios y la biodiversidad.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el proyecto busca acompañar el crecimiento del sector con nueva generación renovable. El Ministerio para la Transición Ecológica señala que esta relación permitiría limitar el incremento del uso de gas y de los costes eléctricos para los consumidores.
Más transparencia y participación pública
Las organizaciones también reclaman aplicar el principio de precaución y reforzar la transparencia antes de permitir una expansión de esta magnitud.
Entre sus demandas figuran una participación pública suficiente y mecanismos de rendición de cuentas. Consideran necesario abrir un debate sobre cuánto puede crecer esta infraestructura, dónde debe ubicarse y qué condiciones tiene que cumplir.
Asimismo, incorporan al debate los riesgos sociales vinculados a determinados usos digitales, como la manipulación y la desinformación. A su juicio, estos aspectos también deben tenerse en cuenta al analizar el modelo de desarrollo tecnológico.
El agua, un punto sensible para los territorios
El consumo de agua depende del tamaño de cada instalación, de la carga de sus servidores y, especialmente, del sistema de refrigeración.
En sus alegaciones, las entidades citan el proyecto de Meta en Talavera de la Reina, Toledo, con una potencia prevista de 248 megavatios. Señalan una previsión de hasta 504 millones de litros de agua anuales.
Esa cifra incluye tanto las necesidades propias de la instalación como las reservas previstas para futuros equipamientos de la zona. Por tanto, no corresponde exclusivamente al consumo directo del centro ni representa un gasto de agua ya registrado.
La eficiencia debe acompañarse de control del consumo
Las entidades reconocen la importancia de mejorar la eficiencia, pero advierten de que esa mejora puede resultar insuficiente si el consumo total de recursos continúa aumentando.
Su reclamación combina equipos y procesos más eficientes con límites ambientales y planificación territorial. El objetivo es que el crecimiento digital se ajuste a la disponibilidad de agua y energía de cada zona.
El debate añade así una nueva posición sobre el consumo de los centros de datos. Mientras algunas administraciones y empresas cuestionan las exigencias del borrador por su impacto en las inversiones, las organizaciones ecologistas piden reforzarlas para proteger los recursos y a las comunidades.