Alemania destinó alrededor de 66.000 millones de euros durante 2024 a subvenciones que favorecen actividades intensivas en emisiones, según un informe elaborado por el centro de estudios Green Budget Germany (FÖS) para la fundación Bertelsmann Stiftung.
El estudio identifica 45 ayudas perjudiciales para el clima repartidas entre los sectores del transporte, la energía, la industria y la agricultura. Su coste equivale a más de 1.600 euros por hogar y se mantiene prácticamente en el mismo nivel registrado en 2018, pese a los compromisos climáticos asumidos por el país.
Alemania no consigue reducir las ayudas contaminantes
El informe advierte de que Alemania no ha avanzado durante décadas en la reducción del volumen total de las subvenciones perjudiciales para el medioambiente.
Aunque el Gobierno ha eliminado algunas ayudas concretas, paralelamente ha introducido otras medidas que mantienen o incrementan el gasto destinado a actividades con una elevada huella de carbono.
Esta situación se produce en un momento de creciente presión sobre las cuentas públicas y cuando existe un riesgo cada vez mayor de que Alemania incumpla sus objetivos oficiales de reducción de emisiones.
Para el FÖS, mantener estas subvenciones representa una contradicción entre la política climática y las decisiones económicas del Gobierno.
El transporte concentra casi la mitad de las ayudas
El sector del transporte recibe cerca de la mitad de las subvenciones consideradas perjudiciales para el clima. Al mismo tiempo, es una de las áreas más retrasadas en el cumplimiento de los objetivos alemanes de reducción de emisiones.
Entre las partidas con mayor impacto económico se encuentran las ventajas fiscales aplicadas al diésel, el queroseno utilizado por la aviación y los vehículos de empresa.
Estas medidas reducen artificialmente el coste de determinados combustibles y actividades contaminantes, lo que dificulta la transición hacia sistemas de movilidad con menores emisiones.
Los autores del informe consideran que mantener estas ventajas debilita los incentivos para adoptar vehículos más eficientes, ampliar el transporte público o reducir el uso de combustibles fósiles.
Parte de las subvenciones no aparece en los informes oficiales
El volumen total de ayudas perjudiciales para el medioambiente varía según la definición utilizada. El FÖS cuestiona especialmente el sistema empleado por el Gobierno alemán para contabilizarlas.
Según el estudio, algunas de las subvenciones más cuantiosas no aparecen en el informe oficial del Ejecutivo debido a un marco de información demasiado restrictivo.
Este sistema excluye numerosas ventajas fiscales, exenciones y otros beneficios concedidos por el Estado que, pese a no presentarse como transferencias directas, representan una pérdida significativa de ingresos públicos.
El centro de estudios reclama una metodología más amplia y transparente que permita conocer el verdadero coste económico y climático de estas políticas.
El FÖS cuestiona la falta de reformas
La directora gerente del FÖS, Carolin Schenuit, señaló que no resulta coherente mantener intactas estas subvenciones mientras el Gobierno alerta sobre importantes déficits presupuestarios.
“Quien se queja de agujeros presupuestarios de miles de millones de euros no puede, al mismo tiempo, dejar intactas las subvenciones perjudiciales para el clima que cuestan miles de millones”, afirmó Schenuit.
La responsable del centro añadió que esta política contradice tanto los objetivos climáticos como los propios principios gubernamentales en materia de subvenciones.
“La cuestión ya no es si las reformas son posibles, sino por qué siguen sin llevarse a cabo”, sostuvo.
El Gobierno incorpora otros 11.000 millones en ayudas
Lejos de reducir estas políticas, Alemania habría aprobado nuevas subvenciones perjudiciales para el medioambiente por valor de 11.000 millones de euros durante el presente año, según cálculos publicados por el FÖS a finales de junio.
Entre las nuevas medidas se encuentran un aumento de la desgravación fiscal por los desplazamientos al trabajo, ayudas al precio de la electricidad para la industria y reducciones de impuestos sobre la gasolina y el diésel.
Los precios récord de los combustibles y del gas, vinculados a la guerra con Irán, también han reactivado las demandas para aplicar nuevas ayudas que permitan abaratar la energía.
Sin embargo, las organizaciones ambientales advierten de que estas medidas pueden convertirse en subvenciones permanentes que retrasen la transformación del sistema energético.
Críticas ante los recortes sociales
El coautor del informe y responsable de política de transporte del FÖS, Matthias Runkel, cuestionó que el Gobierno contemple recortes en servicios esenciales mientras mantiene las ayudas relacionadas con actividades contaminantes.
“Se han previsto recortes de miles de millones de euros en los sectores de la sanidad y los servicios sociales como parte de la consolidación presupuestaria”, explicó.
“Al mismo tiempo, el enorme volumen de subvenciones perjudiciales para el clima permanece intacto e incluso sigue aumentando”, añadió Runkel.
El informe plantea que la reforma de estas ayudas podría liberar recursos públicos sin necesidad de incrementar la presión fiscal general.
Diez propuestas para reformar las subvenciones
Los autores presentan diez opciones concretas para modificar las subvenciones consideradas más relevantes. Su objetivo es reducir las emisiones sin imponer una carga desproporcionada sobre consumidores y empresas.
El FÖS recomienda combinar la eliminación progresiva de las ayudas contaminantes con medidas de protección social, incentivos para modernizar la economía y programas dirigidos a los hogares con menores ingresos.
Los recursos liberados podrían utilizarse para desarrollar infraestructuras respetuosas con el clima, mejorar el transporte público y apoyar la transformación energética de la industria.
También podrían financiar medidas destinadas a proteger a los consumidores más vulnerables frente al aumento de los costes energéticos.
Para el centro de estudios, una reforma bien diseñada permitiría mejorar las cuentas públicas, acelerar la descarbonización y repartir de manera más justa los costes de la transición climática.