La eliminación de determinados costes regulatorios y fiscales de la factura eléctrica permitiría a la industria española ahorrar más de 3.000 millones de euros anuales, según estimaciones del sector eléctrico facilitadas a Europa Press.
Los cálculos contemplan reducir o retirar del recibo industrial los costes asociados a los servicios de ajuste del sistema eléctrico y el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Cada uno de estos conceptos representa una carga aproximada de 1.500 millones de euros al año.
El sector considera que modificar ambos componentes tendría un efecto directo y permanente sobre los costes energéticos de las empresas. La medida beneficiaría especialmente a las industrias electrointensivas, cuya competitividad depende en gran parte del precio de la electricidad.
El impuesto eléctrico volvió al 5,11 %
El Gobierno redujo temporalmente el Impuesto Especial sobre la Electricidad hasta el 0,5 % a comienzos de 2026. La medida formó parte de la respuesta inicial frente a la crisis energética provocada por el conflicto en Irán.
Sin embargo, el tributo recuperó su tipo habitual del 5,11 % el pasado 1 de junio. Su restablecimiento elevó nuevamente la carga fiscal soportada por los consumidores industriales.
Las fuentes consultadas sostienen que eliminar el impuesto o aplicar una bonificación más amplia permitiría rebajar el coste eléctrico sin depender de las fluctuaciones del mercado mayorista.
La gran industria ya había solicitado una ampliación de la prestación del 85% de este impuesto a todas las empresas fabricantes que acreditan compromisos de eficiencia energética.
Los servicios de ajuste se encarecen un 324 %
Los servicios de ajuste permiten mantener en tiempo real el equilibrio entre la generación y la demanda de electricidad. Aunque son necesarios para garantizar la estabilidad del sistema, su coste ha aumentado considerablemente durante los últimos años.
Según los cálculos del sector, estos servicios se han encarecido un 324 % desde 2019. Su coste ha pasado de menos de cinco euros por megavatio hora a superar los 15 euros por MWh.
Este aumento reduce parte del beneficio que deberían aportar la expansión de las energías renovables y el descenso de los costes de generación.
Las empresas advierten que una proporción creciente de la factura depende de componentes regulados que no siempre reflejan el precio del mercado eléctrico. En consecuencia, una electricidad más barata en el mercado mayorista no se traduce necesariamente en una reducción equivalente para los consumidores industriales.
La gran industria pide una electricidad más competitiva
Antes del verano, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española presentó el Plan de Energía Eléctrica Asequible para la Industria Española.
La propuesta incluye cinco medidas estructurales destinadas a reducir hasta un 30 % el coste de la electricidad. El objetivo es reforzar la competitividad de las fábricas españolas y frenar posibles procesos de deslocalización hacia países con precios energéticos más bajos.
Un informe elaborado por EY Consulting para la organización anuncia que las tarifas industriales en España, sin incluir los impuestos, han aumentado entre un 35 % y un 60 % desde 2019.
Según el estudio, esta evolución coloca a España en desventaja frente a otros socios europeos, especialmente Francia y Alemania. La diferencia puede resultar decisiva para actividades como la siderurgia, la química, la metalurgia, el cemento o la fabricación de papel.
El Gobierno eliminará progresivamente el IVPEE
Entre las propuestas de la industria también figura la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, conocido como IVPEE.
Este tributo grava actualmente los ingresos obtenidos por los productores de electricidad y puede trasladarse parcialmente al precio final del mercado.
El Gobierno aprobó en junio su eliminación estructural y progresiva como parte de las medidas adoptadas frente a la crisis de Oriente Medio. El tipo bajará del 7 % al 5 % a finales de 2026 y se reducirá al 3,5 % en 2027. Su desaparición completa está prevista para 2028.
La gran industria considera que acelerar este calendario permitiría reducir antes el precio de la electricidad y mejorar la posición competitiva de las empresas españolas.
Peajes reducidos para la industria electrointensiva
La Alianza por la Competitividad también propone integrar los costos de las restricciones técnicas dentro de los pesos de acceso a la red. Estas restricciones surgen cuando el sistema debe modificar la programación eléctrica para resolver problemas de seguridad o congestión.
Además, pide convertir en permanente la reducción del 80 % de los pesos de acceso aplicados a los consumidores electrointensivos.
La industria sostiene que esta beneficiaría nuevas inversiones en electrificación y permitiría sustituir procesos alimentados con combustibles fósiles por tecnologías eléctricas con menores emisiones.
Las propuestas plantean aliviar el recibo energético sin renunciar a la estabilidad del sistema. No obstante, cualquier eliminación de costes deberá determinar cómo se financian los servicios necesarios para garantizar el suministro y evitar que la carga sea trasladada a otros consumidores.