Greenpeace y otras organizaciones ecologistas han rechazado la decisión del Gobierno español de prolongar hasta 2030 la actividad de la central nuclear de Almaraz. Los colectivos consideran que la medida rompe el calendario de cierre acordado en 2019 y representa un retroceso en los compromisos energéticos y climáticos del país.
La organización ambientalista expresó su “rechazo e indignación” y aseguró que la prórroga responde principalmente a los intereses económicos de las compañías eléctricas, en lugar de sustentarse en criterios de seguridad técnica o en una posible reducción de la factura eléctrica.
Greenpeace califica la prórroga como un “error histórico”
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, calificó la decisión como un “error histórico” y advirtió de que perjudica la credibilidad del Ejecutivo y el avance de la transición energética.
La representante también cuestionó que el anuncio se realizara a mediados de agosto, al considerar que esta circunstancia afecta la transparencia de una decisión con importantes consecuencias económicas y ambientales.
Greenpeace anunció que estudiará las vías disponibles para intentar revertir la ampliación de la vida útil de la central.
Advierten de sobrecostes y riesgos para las renovables
La organización ecologista sostiene que mantener Almaraz en funcionamiento podría generar un sobrecoste de 3.831 millones de euros para hogares y empresas hasta 2033, citando los cálculos de un informe elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos.
Además, estima que la medida podría poner en riesgo hasta 26.130 millones de euros en inversiones destinadas a energías renovables y sistemas de almacenamiento.
Greenpeace también teme que la decisión produzca un efecto dominó y facilite futuras solicitudes de ampliación para otras centrales nucleares españolas.
Según la organización, el calendario actual plantea un escenario complejo para 2030, cuando podrían dejar de operar simultáneamente los dos reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.
Alianza Verde exige explicaciones al Ejecutivo
Alianza Verde también criticó la decisión y acusó al Gobierno de favorecer los intereses de las grandes compañías eléctricas. La formación considera que la prórroga contradice los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y supone un retroceso en la transición energética.
Su coordinador federal, Juantxo López de Uralde, recordó que representantes del Ejecutivo habían descartado anteriormente la posibilidad de prolongar la actividad de Almaraz.
El partido solicitó explicaciones al Gobierno de coalición y señaló que el cumplimiento del calendario pactado para el cierre nuclear formaba parte del acuerdo suscrito entre el PSOE y Sumar.
El debate nuclear vuelve al centro de la política energética
La continuidad de Almaraz reactiva el debate sobre el papel de la energía nuclear en España, en un momento marcado por el crecimiento de las renovables, la necesidad de garantizar el suministro y la discusión sobre los costes de la transición energética.
La prórroga hasta 2030 podría convertirse además en un precedente para las empresas propietarias de otras centrales cuyos cierres están previstos durante los próximos años.